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GARCIA CAPARROS - UN CRIMEN DE REGIMEN

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García Caparrós, un crimen de Régimen.

La Mesa del Congreso niega el acceso a los documentos de la Comisión de Investigación que se aprobó en 1977 y que fue cerrada en falso apenas unos meses después

Víctor Alonso Rocafort

Julia Mart /3 de Junio de 2017

Cuando comencé a trabajar en el Parlamento apenas me decía nada su nombre y ahora me parece un emblema de todo lo que va rematadamente mal en el país desde hace demasiado tiempo.

Cada aniversario del día en que mataron a Manuel José García Caparrós, el 4 de diciembre de 1977, se reivindica por parte de la izquierda como el auténtico Día de Andalucía. Era ya un símbolo de su tierra antes de que le hicieran Hijo Predilecto de su ciudad y su Comunidad, pero más allá se le conoce poco. Y no es casual. Hoy día, a pesar de honores como estos, no se sabe quién lo mató. Sí sabemos que la policía efectuó aquel día decenas de disparos. Al aire, dijeron. No se ha derivado jamás responsabilidad política alguna, más allá del presidente de la Diputación malagueña que dimitió la misma noche del suceso. Un diputado de UCD defendió en el Hemiciclo la ausencia de responsabilidades. Es el mismo que afirmaba que parte de los manifestantes habían sido “agresivos” por lo que era “obligación” de la Policía, y “con los medios al alcance”, “mantener la paz y estabilidad de la ciudad”. Hoy este antiguo diputado, Francisco de la Torre, lleva 17 años como alcalde de Málaga.

Estamos ante uno de esos pactos de silencio férreos, casposos, asfixiantes, de lo que hemos venido en denominar Régimen del 78 y que cuarenta años después, como estamos comprobando, aún funciona.

La semana pasada recibimos la negativa por parte de la Mesa del Congreso de acceder a los documentos de la Comisión de Investigación que se aprobó a fines de 1977 y que fue cerrada en falso apenas unos meses después. Nos los habían solicitado las hermanas de Caparrós y su abogado. Junto a la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, y tras el compromiso adquirido también por Alberto Garzón, nos pusimos a ello. Tras la aprobación el pasado marzo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se investigarán aquellos casos de represión franquista hasta la aprobación del Estatuto de 1980 para realizar informes y recomendaciones oficiales. A la hora de presentar la solicitud de investigación sobre el caso de García Caparrós en Andalucía se quiere contar con toda la documentación. Y no solo por esto. Los testigos que declararon en el Congreso fueron más que los que acudieron a sede judicial. Hay por tanto cabos sueltos que pueden llegar a unirse con toda la información. Y sin embargo, como leen, hemos comprobado que la cerrazón institucional sigue dándose cuarenta años después.

Estamos ante uno de esos pactos de silencio férreos, casposos, asfixiantes, de lo que hemos venido en denominar Régimen del 78

La mayoría que adoptó esta decisión en la Mesa se ha escudado en un informe de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara que califica el contenido de aquella Comisión como secreto, en virtud del reglamento provisional del Congreso en vigor de 1977 a 1982.  Es decir, un reglamento preconstitucional que hoy no está en vigor. Más aún, ahí se dice que será secreto hasta que se apruebe el dictamen de la Comisión, en que pasaría a ser público salvo que se indicara lo contrario. El dictamen se aprobó en noviembre de 1978 y no hemos encontrado ningún documento público que señale que haya de mantenerse su carácter secreto. Pero incluso aunque lo fuera, este mismo informe de la Dirección de Documentación concluye que pueden facilitarnos su consulta. Así se lo advirtió también el secretario general del Congreso a los miembros de la Mesa antes de tomar su decisión.

El caso de García Caparrós es muy conocido por todos quienes tienen alguna responsabilidad en los archivos del Congreso. Sorprende lo bien que recuerdan a Rosa Burgos, la investigadora que hace unos diez años consiguió acceder a parte de la documentación y que, gracias también al sumario judicial que logró recuperar, escribió un libro fundamental sobre el tema. No debió de gustar el resultado porque desde entonces los responsables políticos niegan el acceso con las excusas burocráticas más peregrinas. Parece que hayan de pasar siglos antes de conocer el contenido completo de los 675 folios de aquella investigación parlamentaria llevada a cabo durante la llamada Legislatura Constituyente.

Los testimonios de aquel día hablan de una manifestación por la autonomía pacífica, multitudinaria, familiar. Málaga era la única capital de provincia andaluza donde se había prohibido izar la bandera verdiblanca en la sede de la Diputación, por órdenes directas de su presidente, Francisco Cabeza. Esto elevaba la tensión innecesariamente. En aquel tiempo militantes de Fuerza Nueva (FN), algunos de ellos somatenes con derecho a coger armas de los cuarteles de la Guardia Civil, patrullaban a sus anchas la ciudad –“la policía de la UCD nos dejaba hacer”, admitiría años después Francisco Jiménez Quintero, destacado dirigente de FN--. Ese día los fascistas andaban con los ánimos especialmente exaltados. Un chaval, Trinidad Berlanga, había escalado el edificio de la Diputación con una bandera verdiblanca. “Si la quita, lo matamos”, dice Quintero que comentaban entre ellos los militantes de FN ante el temor de que tocara la enseña nacional. No llegó a pasar. Sí que detuvo la policía al joven escalador. Las autoridades dicen que volaron naranjas y piedras contra la Diputación. El gobernador civil al mando de las fuerzas policiales, Enrique Riverola, ordenó entonces “despejar” la zona. Comenzaron las cargas.

Ese día los fascistas andaban con los ánimos especialmente exaltados. Un chaval, Trinidad Berlanga, había escalado el edificio de la Diputación con una bandera verdiblanca. “Si la quita, lo matamos”

En los disturbios posteriores, a la altura del puente de Tetuán y la Alameda de Colón, una sección de la Policía Armada, formada por 32 hombres al mando del brigada Antonio Pabón, abrió fuego con sus pistolas. Según admitió un comandante policial, fueron unos 30 disparos al aire efectuados por la mitad de la sección. Solo siete policías se habían responsabilizado de 14 disparos según el sumario. Los impactos de bala en los alrededores llegaron a 21. Como tantas informaciones de este caso, algo no cuadraba.

Un chico de 15 años del barrio de El Palo, Miguel Jiménez Ruiz, fue herido en un brazo. Otro chaval de 18 años, trabajador, afiliado recientemente a CCOO, quien animado por su madre había acudido a la manifestación, tuvo peor suerte. García Caparrós fue alcanzado por una bala de 9 mm corto, las utilizadas por las pistolas Star de la sección de la Policía Armada comandada por Pabón, el mismo destacamento que según un testigo, Alfredo Inocencio, se había dado media vuelta como un solo hombre para sacar sus pistolas cerca de donde aquel cayó abatido. Lucas Martínez, otro de los manifestantes aquel día, asegura haber visto entonces a un policía de complexión ancha disparar directamente con su pistola contra la gente poco antes de ver caer a Caparrós. Inocencio le recuerda exclamando: “Hijos de puta, asesinos, me han dado”.

El propio Inocencio y otras personas fueron ayudando al herido entre el hostigamiento policial. Hasta que un estudiante de Medicina, Carlos Carmona, logró introducirlo en un coche blanco conducido por un misterioso conductor que frenaba en los semáforos para desesperación de Carmona y que, en cuanto llegaron a la residencia hospitalaria Carlos Haya, desaparecería sin dejar rastro. Caparrós murió en el coche. Cuando entró en el simca blanco Carmona había escuchado a un cabo de la policía decir: “Vámonos que esto ya está controlado”.

Se hicieron hasta cinco informes de balística, y aunque en ellos se formularon dudas sobre si la bala que mató a Caparrós pertenecía a la pistola de un policía de la sección, no pudo llegarse a conclusiones ciertas porque la habían limpiado con acetona sin examinar sus restos orgánicos. ¿Descuido o mala fe?, se pregunta Rosa Burgos.

Investigando estas semanas entre los apenas cuatro diarios de sesiones que se mantienen públicos de aquella Comisión de investigación –entonces las llamaban “de Encuesta”-- hemos encontrado detalles históricos relevantes sobre las tensiones políticas que generó el caso, así como declaraciones significativas de lo que hoy recordamos como grandes nombres de aquella Constituyente. Estábamos en un momento fundacional muy delicado del nuevo Régimen.

Se hicieron hasta cinco informes de balística y, aunque en ellos se formularon dudas sobre si la bala que mató a Caparrós pertenecía a la pistola de un policía de la sección, no pudo llegarse a conclusiones ciertas

Apenas 20 días después de la muerte de Caparrós se celebró el Pleno en el Congreso que iba a aprobar la Comisión de Encuesta. El 12 de diciembre otro joven, un estudiante de la Universidad de La Laguna, Javier Fernández Quesada, había muerto también por un impacto de bala disparada por un miembro de la Guardia Civil cuya identidad hoy día también se desconoce. Los agentes de este cuerpo, según numerosos testigos, habían entrado en el campus universitario disparando fuego real con sus pistolas y metralletas en unas jornadas de feroz represión en la isla. El gobernador civil al mando entonces de las fuerzas de orden público, Luis Mardones, quien no ayudaría precisamente al buen transcurso de la investigación, sería posteriormente diputado por Coalición Canaria hasta el año 2008, cuando el presidente Zapatero lo despidió con honores asegurándole “un sitio en la mejor historia de la democracia” y en los periódicos se le honraba como “el diputado renacentista”.

Esta es la razón que las Comisiones de Encuesta de los sucesos de Málaga y Tenerife permanezcan unidas en sus referencias en la Cámara, aunque se desarrollaran por separado. El caso es que había un pacto de silencio fraguado en la Junta de Portavoces para aprobar la conformación de estas sin debate alguno, escudándose en que se debatían los Presupuestos, cuando un diputado socialista rompió inesperadamente el acuerdo para explicar su voto. Enseguida el resto de diputados solicitaron hablar. El intercambio parlamentario que encontramos cuando nos ponemos a leer el diario de sesiones del 23 de diciembre de 1977, poco conocido, resulta de gran valor histórico.

Tomás García, diputado por Málaga del PCE, plantea entonces algo que leído hoy, con De la Torre como alcalde, causa enorme desazón: “El pueblo de Málaga ligará su confianza hacia el proceso democrático a que estas responsabilidades sean puestas al descubierto hasta el fondo”. Huelín Vallejo, diputado por Málaga de UCD, sabemos hoy que miente descaradamente cuando afirmaba: “Unión de Centro Democrático, con una conciencia plena democrática, no desea acallar a nadie. Unión de Centro Democrático ha firmado desde el primer momento esta petición de Comisión de Encuesta. Unión de Centro Democrático quiere que se lleve la investigación con todas sus consecuencias, que se establezcan todos los hechos, y no le teme en absoluto a las consecuencias que puedan deducirse, porque tenemos una alta conciencia democrática”.

Manuel Fraga intervino para anunciar la abstención de Alianza Popular en un erudito discurso de raíz autoritaria en defensa del orden público y de “la sagrada enseña de la Patria”. “Defended de una vez, y no con palabras, el orden y la paz en España”, clamaba el dirigente franquista en el Pleno. Enseguida otros dirigentes como Miquel Roca o Santiago Carrillo indicaron alarmados las semejanzas del discurso de Fraga con el de José María Gil Robles en este mismo Congreso poco antes del 18 de julio de 1936. Carrillo se revolvería entonces por escuchar “palabras, conceptos con los que en los años treinta se fue generando la animosidad, la violencia que condujo a la guerra”, así como por un tema tan delicado entre las filas comunistas a escasos meses de la renuncia a la tricolor: “Tenemos esa bandera, es nuestra bandera, pero no enfrenten ustedes esa bandera, que es de todos, con las de las nacionalidades y las regiones de España”.

Pérez Llorca, de la UCD, comienza entonces a preocuparse del cariz que está tomando un debate que, recuerda, nunca se debió de dar: “Considero lamentable que se haya llegado a un debate en el que, por primera vez en esta Cámara, nos estemos lanzando como armas arrojadizas las viejas fechas, las viejas querellas, los viejos enfrentamientos, la vieja guerra civil, que creíamos enterrada”. Estamos ante un momento excepcionalmente frágil de la Legislatura Constituyente. Francisco Letamendia, entonces en Euskadiko Ezkerra, no comparte sin embargo este pacto de silencio:

“Yo tengo muchísimos más motivos para poner en tela de juicio la actuación personal del señor Fraga, porque mientras él era Ministro de la Gobernación obreros indefensos fueron muertos en Vitoria, militantes carlistas fueron asesinados en Montejurra, y el clamor en cuanto al trato que sufrían los detenidos vascos en el centro de detención era tan grande que sobrepasó las fronteras del Estado, y una foto de una joven, Amparo Gamboa, con el cuerpo macerado, recorrió el mundo. Y esta no militaba en el Partido Independiente Vasco, sino en la Organización Revolucionaria de Trabajadores.

¡Qué bien le ha venido a hombres como el señor Fraga la Ley de Amnistía, que ha impedido investigar hasta el fondo la verdadera responsabilidad de estos hechos!”.

 

Fraga, por alusiones y con ira, vuelve entonces a tomar la palabra para sentenciar: “…lo que sí hoy hemos aprendido es que la piel del cordero, al final nunca acaba por tapar ciertos pies negros o rojos de sangre que efectivamente algunos no los pueden negar”.

Silencio tenso en el Hemiciclo. Gómez Llorente, al que hoy recordamos como un histórico del PSOE, es consciente de lo que está en juego: “Hace falta que esta Cámara tenga el respaldo del pueblo. Y para que tenga el respaldo del pueblo, las angustias del pueblo han de ser oídas también en esta Cámara”. Martín Villa, entonces ministro del interior, intervendrá finalmente para asegurar que se pondrá al frente de la exigencia de responsabilidades. Se vota entonces la formación de la Comisión de Encuesta y se aprueba con 299 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

Tras la votación, con los ánimos más calmados, Peces Barba, Pérez Llorca, Carrillo… intervienen para matizar y calmar las aguas, mientras el presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, presenta sus excusas a Manuel Fraga por no haber interrumpido antes alguna de las intervenciones críticas con él, lo que el dirigente franquista agradece.

A la luz de este debate podemos analizar mejor el contexto en el que se cerró en falso la Comisión, podemos entender quizá por qué se han dado los cuarenta años de secreto, podemos explicar con mayor profundidad por qué la fundación del Régimen del 78 nos dice tanto de lo que aún vivimos cuarenta años después. Entonces había un miedo real en las izquierdas --se mataba impunemente a estudiantes, a trabajadores y trabajadoras en Universidades y manifestaciones-- y en cuanto se rompía un pacto de silencio, lo hemos visto con este debate, la desmesura llevaba a los diputados de la Constituyente al lenguaje de la Guerra Civil. Nos ayuda a entenderlo, en ningún caso a justificarlo. Lo que resulta inadmisible es que décadas después se mantengan estos tics, esos pactos, ese acuerdo institucional contra la verdad, la justicia y la reparación.

Podemos leer también las primeras conclusiones de la Comisión de Encuesta del 27 de junio de 1978. Francisco de la Torre --hoy alcalde de Málaga, recordemos-- defiende la ausencia de responsabilidades políticas: “No podemos imputarle responsabilidad política, como aquí se precisa, y mucho menos, como ha quedado bien claro, responsabilidad en otros ámbitos; no podemos, digo, imputar ninguna responsabilidad política a la máxima autoridad de la provincia de Málaga. El gobernador civil había participado, había colaborado de una manera ejemplar en lo que podríamos llamar poner los medios para que la manifestación pudiera tener lugar tal como los organizadores queríamos que se desarrollara”. Un mes antes ya habían ascendido a Riverola a director general de Correos y Telecomunicaciones, un viejo “método franquista”, como se denuncia desde de la oposición: ascender a quien demostró como mínimo incompetencia.

Pero nadie hizo nada más. Se aprobó el dictamen de la Comisión en el Congreso. Y pasaron los años. Al poco se murieron de pena los padres de García Caparrós, como cuentan sus hijas. El sumario judicial, donde no aparece el testimonio de una sola mujer, durmió olvidado durante años hasta que Burgos lo rescata ya en color sepia. Los 675 folios de la Comisión de Encuesta de 1978 siguen pudriéndose en algún rincón de este edificio, en el ala más rancia del Parlamento, aquel de los acuerdos secretos de un Régimen que hace aguas porque entonces se pudo haber hecho mejor, sí, pero sobre todo porque a lo largo de estas décadas nadie quiso corregir el rumbo.

Se aprobó el dictamen de la Comisión en el Congreso. Y pasaron los años. Al poco se murieron de pena los padres de García Caparrós, como cuentan sus hijas.

Seguiremos intentándolo. Por de pronto ya hemos solicitado formalmente la reconsideración de este último acuerdo de la mayoría de la Mesa.

Termino con extractos de la entrevista de Rosa Burgos a Loli y Paqui García Caparrós:

 

--En mi casa ha habido mucha tristeza. Mi madre –dice Loli- me pidió perdón en la ambulancia, cuando se iba a morir, por la tristeza tan grande que había habido en mi casa. En mi casa no se podía poner una radio. A nosotras, que éramos unas niñas, nos pusieron de luto de arriba abajo. Todo eso queda para nosotras. Yo, hoy en día –dice Loli- escucho una ambulancia y lo primero que hago es coger el móvil y ver cómo está mi familia (…)

--¿Cómo era vuestro hermano? ¿Qué carácter tenía?

--Era lo más bueno, lo más noble, era sensible, muy humano. Con todos los amigos se llevaba bien… No podía ver a nadie que necesitara algo porque ahí estaba él (…) Era el único, de verdad, que si entraba treinta veces en la casa, treinta besos le daba a mi madre, y nosotras no hemos salido a él. Era el único que era cariñoso (…) era pelirrojillo. Aquellos días llevaba barba. Era muy alto, media 1.90. Era guapísimo”.

Autor :Víctor Alonso Rocafort


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