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OCHO CLAVES DE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA EN ANDALUCIA

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Ocho claves de la Ley de Memoria de Andalucía, que hoy llega al Parlamento

MARÍA SERRANO / 10 Feb 2016
Presos en el Canal del Bajo Guadalquivir. Asociación MLCD.

Presos en el Canal del Bajo Guadalquivir. Asociación MLCD.

Dentro de escasas horas, en un variado patio político del Parlamento andaluz, comienza el debate de totalidad de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. El anteproyecto, presentado ya en la anterior legislatura gobernada por PSOE e IU, arranca destacando “la experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía que permite abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática (…)”.

Javier Giráldez, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha señalado a andalucesdiario.es que lo más “novedoso de este anteproyecto” se centra en el firme compromiso de la Administraciónen seguir las “recomendaciones de Naciones Unidas sobre los crímenes del franquismo”. La ley memorialista ha estado paralizada durante casi doce meses tras la anticipación de las elecciones autonómicas y la ruptura del pacto entre PSOE e Izquierda Unida. Hoy, 10 de febrero se inicia la aprobación final con un debate abierto entre partidos y asociaciones memorialistas que dará como resultado una ley pionera en España tras la estatal 52/2007 aprobada durante elGgobierno de Zapatero. Destacamos las ocho claves del texto.

1. AMPLIACIÓN DEL RANGO DE VÍCTIMA

 

La ley estatal reconocía como víctimas del régimen franquista a los “fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados”. ¿Dónde quedaban los familiares? La nueva ley andaluza contempla en su artículo 5 una ampliación de ese rango incluyendo “a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia”.

El nuevo marco abarcaría desde la Segunda República, la Guerra Civil y dictadura hasta la Transición y la posterior entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, un largo período histórico que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

2. UN DÍA PARA LAS VÍCTIMAS: 14 DE JUNIO

 

El 14 de junio se quiere convertir en una fecha clave para el homenaje de las víctimas del golpe militar y la dictadura. Además se llevará a cabo un censo de víctimas con acceso público, tal y como detalla el texto legislativo en el artículo 6. En él “se anotará la represión padecida, el fallecimiento o desaparición de cada persona, el lugar y la fecha”, así como una radiografía de cómo ocurrieron los hechos. La fecha conmemora el aniversario de la primera exhumación llevada a cabo públicamente en Andalucía: el 14 de junio de 2003 en Lecrín (Granada).

3. LAS EXHUMACIONES, COMPETENCIA DE LA JUNTA

 

Las asociaciones memorialistas y familiares perderán un derecho adquirido desde el inicio del movimiento memorialista como fue su protagonismo inicial en la exhumación de fosas. La normativa asume que la Consejería “llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las personas desaparecidas víctimas de la represión”. El proceso de localización, exhumación y, en su caso, de identificación de restos de personas desaparecidas no podrá realizarse sin la previa autorización de la Consejería. El inicio de estos trabajos por parte de familiares o asociaciones memorialistas sin permiso de la Junta puede desembocar en una multa de entre 10.001 a 150.000 euros.

4. LA MEMORIA HISTÓRICA, MATERIA ESCOLAR

 

La trascendencia de los hechos en este complicado período histórico comenzará a ser parte del temario escolar en las aulas de enseñanza primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. La Consejería pretende incorporar los estudios de Memoria Democrática en las universidades andaluzas con la realización de convenios para educar “sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil”.

5. PLAZO PARA RETIRAR SÍMBOLOS FRANQUISTAS

 

El artículo 32 destaca que “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo” son contrarios a la Memoria Democrática. En un plazo de dieciocho meses, las organizaciones que tengan visibles estos elementos deben retirarlos antes de sufrir una sanción grave con una multa que puede oscilar entre los 2.001 y 10.000 euros.

6. LUGARES DE LA MEMORIA

 

Aquellos espacios donde la represión franquista tuvo un especial significado han sido calificados como Lugares de la Memoria. Hasta el momento han sido identificados 50 espacios con vestigios de aquellos episodios. Entre los más relevantes se encuentra la mayor obra hidráulica construida en la provincia de Sevilla como fue el Canal de los Presos del Bajo Guadalquivir. Para ello se ha creado un catálogo que reúne los datos más singulares de cada estos rincones de toda Andalucía.

7. LOS CAUCES PARA DENUNCIAR

 

La Administración andaluza se convierte, según destaca el anteproyecto, en responsable ante la autoridad judicial de denunciar “el hallazgo de asesinato entre los restos de las víctimas”, tal y como señala Giráldez. Las personas físicas u asociaciones memorialistas que encuenten la más mínima evidencia de “indicios de comisión de delito” en restos de huesos dentro de fosas u otros enterramientos deben comunicarlo a la Junta o al Ayuntamiento competente en la zona para realizar la denuncia correspondiente.

8. RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO ESCLAVO

 

Las empresas públicas y privadas que hayan formado parte del entramado franquista de los trabajos forzados con presos del régimen serán, según destaca el artículo 19, “copartícipes de las medidas de reconocimiento“ tras usar trabajadores presos para su propio beneficio. Entre ellas, la conocida Acciona, instalada en el Puerto de Sevilla, será unas de las empresas participantes, al tener trabajadores presos en el campo de concentración de Heliópolis conocido como el Colector a partir de 1937. Los ayuntamientos beneficiados por las grandes obras del régimen franquista también participarán en este reconocimiento a la mano de obra esclava del régimen. En ningún caso la ley contempla la posibilidad de percibir indemnizaciones.


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